LEY DE REPARACION EN ARGENTINA
“Esta ley pone en un plano de igualdad a todos los ex presos políticos de la Argentina”
El diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig no duda en afirmar que su proyecto de reparación económica a los expresos políticos se inscribe en el marco de la seguridad social. Dice que no es un logro personal, sino de todos los partidos políticos.
 


Luego de varias idas y vueltas la Cámara de Diputados -semanas atrás- convirtió en ley el proyecto de resarcimiento económico a los expresos políticos. La norma, fue modificada en el Senado, que amplió el margen de reparación histórica para quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

El autor de la iniciativa es el diputado nacional formoseño, Juan Carlos Díaz Roig, quien considera que esta ley viene a reparar o poner en un plano de igualdad a todos los expresos políticos. El presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja en la entrevista con Parlamentario aclaró que los legisladores, gobernadores, intendentes y concejales no podrán acceder a la norma por un régimen de incompatibilidades y aseveró que la Secretaría de Derechos Humanos va a garantizar el correcto cumplimiento de la ley.

- Usted es el autor del proyecto de ley que se acaba de aprobar sobre resarcimiento económico para expresos políticos. ¿Cuáles son los fundamentos de su proyecto?

- En realidad se trata de un otorgamiento de una pensión que se inscribe en el marco de la seguridad social para los expresos políticos. Con el retorno a la democracia aproximadamente unos diez mil expresos políticos, que yo los llamo cariñosamente sobrevivientes o no desaparecidos, retornaron a la vida civil con una serie de problemas, muchos de ellos con grandes padecimientos de trastornos físicos; otros con problemas siquiátricos, otros con problemas derivados de años de reclusión. Cuando intentan retornar o reinsertarse en la vida civil a muchos de ellos le resultó difícil, también hay que decir que funcionó el famoso “algo habrán hecho”. Un importante sector de estos expresos políticos no pudo reinsertarse en el mercado laboral y realmente 30 años después han llevado una vida sumamente muy sufrida, con secuelas indudables de aquellos años de prisión y muchos hasta de torturas.

- En1983 también hubo una reparación similar y con indemnización…

- Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, la Nación en 1984 le otorga por una ley de reparación pero de los días pasados en prisión, es una indemnización en función de los días pasados en prisión que se repara a través de una valoración por días de detención ilegítima. Estamos hablando de aquellos que fueron detenidos por razones políticas, gremiales o estudiantiles y que obedecían a leyes de la dictadura y que no estaban sujetos a jueces naturales; estaban sometidos a jueces militares y que no tuvieron ejercicio a su legítima defensa.

Fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional la gran mayoría, otros detenidos arbitrariamente sin notificación ni procesos. Pero más allá de los que cobraron la reparación estos no tenían un sistema de seguridad social que los cubriera. Pero ocurre que tres provincias argentinas, a saber: Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe otorgaron a los expresos políticos sistemas de pensiones. Pero ocurre que esto alcanzó seguramente a cuatro o cinco mil de los diez mil de los expresos políticos. Pero esto también generó una inequidad, aquellos expresos políticos que no vivían en estas tres provincias no recibían ningún beneficio.

- ¿Con esta ley se logra una equiparación?

- Esta ley pone en un plano de igualdad a todos los expresos políticos de la Argentina, fueren del partido político que fueren y de la provincia que sean para que tengan un régimen de pensiones y un régimen de seguridad social que sobre todo cubra su problema de vejez, invalidez y de muerte. La prisión es la mayor causa de envejecimiento prematuro científicamente aceptada, realmente genera un envejecimiento prematuro la privación de la libertad y cuando esta es ilegítima esto se potencia.

- ¿En algunos casos no existe un doble beneficio?

- El fundamento técnico de esta ley es que un sistema de pensiones no existe el doble beneficio, porque en un caso se reparó los días de detención y en este caso esta ley es una pensión con un sistema de seguridad social.

En esto la Argentina es líder en América Latina, porque tiene una cobertura de más del 93 por ciento de los adultos mayores con un sistema de seguridad social. Pero quedan pequeños sectores como éste que estamos hablando que están fuera de esa cobertura. Por lo tanto, con esto estamos aumentando la política de inclusión social del Gobierno. Debo decir además que estas fueron explícitas instrucciones de la presidenta de la Nación.

- En definitiva su aprobación fue prácticamente por unanimidad…

- Cuando el Senado hace unas modificaciones a nuestro proyecto y vuelve a la Cámara baja lo llevamos a tres comisiones: Derechos Humanos, la de Previsión y la de Presupuesto y obtienen un dictamen por unanimidad en las tres comisiones y cuando va al recinto se sanciona con un resultado prácticamente inédito, con leyes mediáticas y controvertidas como esta. La votación final arrojó un resultado de 176 votos afirmativos y tan solo dos negativos, lo que puede decirse que fue prácticamente por unanimidad.

Esto tiene un significado, en el año que se cumplen 30 años de democracia, todos los partidos políticos entienden que se debe reparar a aquellos que defendieron la democracia a través de uno de los bienes mayores que tiene el hombre que es su libertad personal y que defendieron la democracia contra la dictadura. De modo que esta ley, más allá que sea mi proyecto y que haya sido apoyado por el Frente para la Victoria, esto no es un logro de un partido ni de un diputado, sino que es el conjunto de todos los partidos democráticos -oficialistas y opositores- los que hemos resuelto otorgar esta reparación a los expresos políticos.

- ¿Estuvo en discusión a partir de qué fecha se tomaba esta ley?

- Ese fue el debate, que en Diputados resolvieron sacar la fecha del inicio de la ley y dejar solo la fecha del final. Es decir todos aquellos que hayan sufridos estos hechos que se describen hasta el 10 de diciembre de 1983 pueden gozar de este beneficio. Es decir que podrán ser los que estuvieron comprendidos en la última dictadura militar o también en la anterior, inclusive podría abarcar hasta la dictadura del 55’ si alguien así lo acreditara.

- ¿Quién va a reglamentar y aplicar esta ley?

- Otra característica de este proyecto es que lo va a tener que reglamentar y aplicar la Secretaría de Derechos Humanos. Este es el organismo calificado para determinar quienes fueron detenidos y dar las certeza de las certificaciones de los extremos que exige la ley y cuando fueron liberados y al mismo tiempo reglamentar un régimen de incompatibilidades, ya que todo aquel que tuviera con otro sistema de seguridad social no podría gozar del beneficio de esta ley. Los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, los concejales no tendrán acceso, porque tienen otro sistema de seguridad social. De modo que esto desvirtúa alguna pequeña prensa que se encargó de señalar esta posibilidad. En definitiva, esto queda bajo el control de la Secretaría de Derechos Humanos que va a garantizar el correcto cumplimiento de la ley y del control de todos sus requisitos y de sus incompatibilidades.

- ¿A quiénes alcanza esta pensión graciable?

- Este beneficio alcanza a quienes han sido privados de su libertad en su condición de civiles y/o militares, condenados por un consejo de guerra, o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privados de su libertad por el accionar de Fuerzas Armadas de Seguridad o cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles; o los alcanzados por las leyes 25.914 y 24. 043. Los que fueron privados de su libertad por actos emanados de Tribunales Militares Especiales o Consejo de Guerra bajo la vigencia de la doctrina de Seguridad Nacional. También los privados de su libertad por tribunales civiles en virtud de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis, y/o 213 bis del Código Penal, y/o cualquier otra ley, decreto o resolución, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de “detenciones especiales” violatorios de los derechos humanos, hasta el 10 de diciembre de 1983.

El beneficio se calcula conforme al que ya tienen en la provincia de Buenos Aires, equiparando a la remuneración mensual de la categoría D del Nivel 0 (cero), planta permanente, agrupamiento general del escalafón para el sistema nacional de Empleo Público (SINEP). Este régimen tiene una movilidad propia que es el aumento de sueldo del Escalafón Nacional.

- ¿Cuánto será el monto que percibirán por esta pensión?

- El monto actual está en un poco más de cinco mil pesos que es por una categoría del escalafón nacional y se irá actualizando año a año en la medida que aumente el escalafón del empleado público nacional. El beneficio corresponde a la remuneración mensual asignada a la categoría “D” Nivel cero, planta permanente sin tramo del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

- ¿De dónde saldrán los fondos?

- Estos fondos salen del Tesoro Nacional, no salen de la ANSES. Tiene que ver con la ley que acabamos de debatir sobre Responsabilidad del Estado, que es la responsabilidad administrativa del Estado por los actos lícitos o ilícitos de los funcionarios y esto tienen los mismos conceptos, no es que el conjunto de la masa salarial del fondo de los trabajadores que garantiza el pago de las jubilaciones futuras el que tienen que hacerse cargo, sino el Estado. Porque el Estado se hace cargo, se hace responsable de aquellos actos ilícitos que han hecho sus funcionarios en determinadas etapas, como en este caso cuando han sido sometidos a prisión y sin garantías legales sacado de sus jueces naturales y puestos a disposición del PE y procesados, aunque no hayan tenido sentencia de los tribunales de guerra militar que son absolutamente inconstitucionales. Estamos hablando de dos o tres mil personas que han contribuido con su falta de libertad a la democracia.
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