El millonario negocio de las asesorías sindicalesEl millonario negocio de las asesorías sindicales
El millonario negocio de las asesorías sindicales

 

Patricia Silva parte de ese negocio de la asesorias sindicales, un reportaje de http://www.eldinamo.cl/negocios/2014/07/01/el-millonario-negocio-de-las-asesorias-sindicales-del-que-participan-el-subdirector-del-trabajo-y-la-ministra-villegas/

El 5 de abril de 2010 -a menos de un mes de arribar a La Moneda el Presidente Sebastián Piñera-, cuatro connotados funcionarios bacheletistas emigrados de la Dirección del Trabajo inscribían su propia empresa de asesorías sindicales bajo el interminable nombre de “Servicios de Asesoría Jurídica-Laboral Integral Profesionales Asociados Limitada”. Casi un año después, instalados en su oficina de calle Phillips, le agregaban el nombre de fantasía con que comúnmente se les conoce: “Desarrollo y Trabajo Consultores”.

/ desarrolloytrabajo.cl

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Según consta en documentos públicos, integraban la sociedad en partes iguales (25% cada uno) la ex directora del Trabajo -hoy subsecretaria general de la Presidencia-, la socialista Patricia Silva Meléndez, el ex jefe de gabinete de Silva e hijo de la ministra de Vivienda, Paulina Saball, Felipe Ossandón Saball; el ex jefe de la División de Relaciones Laborales de la DT, Joaquín Cabrera Segura; y el ex jefe de la División Jurídica y hoy subdirector del Trabajo, Rafael Pereira Lagos.

Y no les ha ido mal. Solo en el portal de la empresa aparecen 38 clientes, algunos de los cuáles son sindicatos apetecidos por su número de miembros y los montos que manejan. Entre estos la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo-ENAP, el sindicato N°1 de Minera Escondida, el Sindicato Interempresa de Trabajadores de las Empresas Lider, el Sindicato Nacional de Entel PCS y sindicatos de trabajadores del Poder Judicial, del ministerio del Desarrollo Social y del Sernam.

También asesoran al Sindicato de Trabajadores de SUBUS, que cuenta con 180 trabajadores. Cuenta el presidente de ese sindicato, Alejandro Aedo, que ellos hicieron una negociación reglada a instancias de Desarrollo y Trabajo. “Nosotros acabamos de terminar nuestra negociación colectiva y dentro de ella creemos que se desenvolvieron muy bien, y llegamos a una huelga”, dice. Agrega que el trato es por una asesoría permanente de dos años, y que “hicimos el contrato porque los conocíamos de antes en sus funciones en la Dirección del Trabajo”. La asesoría permanente consiste en diversas capacitaciones para los socios. Por ejemplo, derechos sindicales y fuero, métodos de denuncia laboral, término de relación laboral y finiquito, habilidades de gestión sindical, competencias de la Dirección del Trabajo, etc.

Camila Leiva, presidenta del sindicato de trabajadores de la Clínica Odontológica de la Universidad Diego Portales, también llegó a la empresa por los nombres involucrados. “Hablé con el presidente de otro sindicato de la Universidad y este me recomendó la empresa porque estaba incluida ahí la Patricia (Silva), que era la directora del Trabajo. Ella tenía una propuesta muy clara de lo que podíamos abordar en la propuesta y lo que no”.

A diferencia de SUBUS, ellos realizaron un contrato solo por la negociación colectiva, en septiembre de 2013. “Cobran de 2 a 3 UTM por trabajador sindicalizado, pero como este caso éramos pocos trabajadores (30 personas), cobraron un mínimo de 2 millones de pesos por la negociación total. Y yo creo que los valió porque ellos tienen muy claro lo que están haciendo. Dicen que con el bono de término de conflicto su asesoría se paga sola”, explica Leiva.

El 10 de marzo de 2014, un día antes de asumir Bachelet por un nuevo mandato, y en vista de que asumía funciones en la Secretaría General de Gobierno, Patricia Silva presentó en la notaría de Gonzalo de la Cuadra, ubicada en Bandera 84, su salida de la sociedad, entregando su participación al resto de los involucrados. Días más tarde, ratificó aquello en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, pese a que en su declaración de intereses nada dice de la empresa a la que perteneció hasta un día antes de asumir su nuevo cargo.

El abogado Rafael Pereira, por su parte, fue nombrado subdirector del Trabajo el 27 de marzo pasado, y un día antes presentó en la misma notaria su renuncia a la sociedad. Sin embargo, en los 60 días posteriores que le otorga la ley nunca ratificó aquello ante el Conservador, el organismo donde debe oficializar su salida de la sociedad. Eso implica que legalmente sigue siendo socio de Desarrollo y Trabajo. El asunto es más grave porque su cargo posee “función crítica”, vale decir, le pagan por no tener otras fuentes de ingreso y las características de su cargo se cruzan expresamente con la labor de su empresa.

El Dínamo contactó a Pereira para que explicara el punto y se pronunciara sobre los conflictos de interés que se producen entre su cargo de subdirector de la DT y su empresa asesora pues muchos de los sindicatos que asesora llegan a la Dirección del Trabajo con sus demandas. Esto respondió.

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-¿Cuál era la labor que realizaba en Desarrollo y Trabajo?

El trabajo era de asesoría. Nuestro nicho era las organizaciones sindicales y de trabajadores. Y era básicamente en dos ámbitos. Representación en juicios y asesorías a la organización sindical ya sea en su funcionamiento interno como en sus negociaciones colectivas.Como éramos 4 no más, hacíamos prácticamente de todo. Algunos nos dedicábamos más a temas judiciales y otros colegas más al tema de la negociación colectiva.

-¿A qué sindicatos asesoró durante ese período?

Es una larga lista, pero estaban los sindicatos de ENAP, de Subus, el SIL de Walmart, el del Hogar de Cristo, de la tienda de Falabella Plaza Vespucio, el de Entel. Yo mandé un memorándum en mayo pasado al director del Trabajo donde señalo que debo inhabilitarme en todos aquellos casos donde actué judicialmente o presté asesoría, y le informo que ante cualquier presentación de esa organización o de la empresa a la cual se vincula esa organización, yo debo abstenerme de cualquier intervención, pronunciamiento, resolución u opinión. Eso lo mandé también a Contraloría interna para el debido control.

-¿Se ha inhabilitado alguna vez en su cargo como subdirector del Trabajo?

-Sí. En el tema de la empresa Subus, también en una consulta del sindicato de Walmart. No recuerdo en este momento otro caso.

-¿Por qué si se desvincula de la sociedad en una notaría, luego no hace la ratificación ante el Registro de Comercio?

-Efectivamente está pendiente ese trámite. Yo confié en que una persona que lo iba a hacer y no ocurrió así. Pero esa escritura es un contrato y lo que hay que hacer ahora es simplemente hacer la corrección de la omisión.

-O sea que para usted no hay un conflicto de interés.

-No, porque yo me retiré de la sociedad y hay una escritura pública.

-Pero eso no tiene validez mientras no esté en el Registro de Comercio.

-Está bien, es un trámite que hay que regularizar y vencido el plazo hay que hacer la corrección, pero la escritura suscrita ante notario no pierde valor, y en consecuencia desde esa fecha no pertenezco ni tengo beneficios en la sociedad.

-Pero hasta el pasado jueves su nombre y el de Patricia Silva aparecían en la página web de la empresa como socios.

-¿Hasta el jueves? No, desde que yo me retiré y asumí en la dirección del Trabajo dejé de aparecer en la página web. Esa fue una preocupación expresa de que eso fuera así. De separar aguas inmediatamente. Resulta improcedente mantener una participación en la sociedad. Me sorprende lo que me dices.

-¿Cuánto facturó su empresa el año pasado?

-No, no recuerdo ese dato. Si quieres se lo preguntas al gerente de la empresa porque yo no me acuerdo del monto. Pero no eran grandes facturaciones tampoco.

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