Ley corta; enviada por el gobierno al congresoLey corta; enviada por el gobierno al congreso
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El gobierno a enviado el proyecto de la "Ley Corta" al congreso [...] la Mesa de Alto Nivel tendrá este viernes su ultima reunión. El obispo Goic se ha reunido con personero del gobierno, en su calidad de mediador.

 

 

 

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE   LA   REPÚBLICA   CON   EL QUE  INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN APORTE ÚNICO, DE CARÁCTER REPARATORIO, A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE.

 

SANTIAGO, 09 de julio de 2015.-                        Nº 600-363/

 

 

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

 

Honorable Cámara de Diputados

 

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un aporte único, de carácter reparatorio a todas y todos  los  calificados como víctimas de prisión política y tortura reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política  y  Tortura,  y  la  Comisión Asesora   para   la   calificación   de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

 

I.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

 

Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sendos informes de las comisiones de verdad establecidas por nuestro Estado, así lo han señalado.

 

Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a compatriotas que se vieron enfrentados a vivir estas situaciones.

 

Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el Estado de Chile retornó a la democracia, hasta la fecha, se han constituido en el país dos comisiones de verdad que han calificado a víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son:

 

1.  La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004; y,

 

2.   La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011.

Ambas comisiones calificaron a un total  de  38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Mediante las leyes Nº 19.992 y Nº 20.405,   el   Estado   de   Chile   ha establecido diversas medidas de reparación,  tendientes  a  resarcir  el daño que se ha causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familias, a propósito de los hechos criminales que las afectaron, cometidos por agentes del Estado y por civiles, con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes al día de hoy.

 

Sin perjuicio de lo anterior, y de forma adicional, cabe tener presente que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, integrante del bloque constitucional  chileno, particularmente, de acuerdo al artículo

9° de la Convención Interamericana para prevenir   y   sancionar   la   tortura, suscrita por nuestro Estado y ratificada el  15  de  septiembre  de  1988,  “Los Estados   partes   se   comprometen   a compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura”.

En   el   mismo   sentido,   cabe considerar lo dispuesto en el artículo

14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrita y ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988, según el cual “1.- Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización  justa  y  adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

 

En      este  contexto,       también  deben tenerse            en  cuenta  los proyectos  de acuerdo            Nºs  16  de  la H.  Cámara  de Diputados, de 10 de abril de 2014, por el cual 40 diputados solicitan “(…) una revisión de las normas establecidas en la Ley Nº 19.992 que otorga reparación y otros beneficios a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos (…) a fin de verificar la posibilidad de establecer una reparación económica equitativa y digna (….)”, y   el proyecto de acuerdo correspondiente al Boletín Nº S 1.644- 12, del Senado de la República, de 22 de abril de 2014, suscrito por 8 senadores, por el cual se acuerda solicitar se “envíe un proyecto de ley reparatoria que contemple para estas personas una indemnización justa y adecuada, al tenor del artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

 

Adicionalmente y, considerando un argumento ético, cual es, que durante el período de la dictadura, fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, por lo que el Estado debe reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño  que  causó.  De  esta  manera,  el Estado daría cuenta del compromiso de restablecer el respeto y la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos de las víctimas.

 

En definitiva, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y, en especial, a las víctimas de la dictadura y sus familiares, superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

 

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

 

El 23 de mayo de 2015, en Rancagua, fue suscrito un Acuerdo entre víctimas que sufrieron prisión política y tortura, y representantes del Gobierno. En dicha instancia, actuaron como testigos de fe el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic Karmelic y el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier Morel.

 

El referido Acuerdo tiene como antecedente   una   huelga   de   hambre realizada  por  víctimas  de  prisión política y tortura, en diversas ciudades del país. Los huelguistas formulan demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que les han sido otorgados, fundándose en la obligación de reparación debida e integral del Estado.

 

El texto del Acuerdo referido señala en los párrafos pertinentes:

 

“Las partes, aceptando la constitución de la Mesa, acuerdan que ésta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias, y además al carácter y diferencias de las pensiones  establecidas  en  las  leyes Valech (N° 19.992 y N°  20.405) con la Rettig (N° 19.123), buscando formas concordadas en que el Estado Chileno  deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción   y   garantías   de   no repetición, a favor de los Ex presos políticos Chilenos, víctimas de violación a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar.

 

La Mesa estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales las que se diseñarán y prepararán dentro de los seis meses siguientes de finalizados días trabajos, y que den fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.

 

Teniendo en consideración las anteriores materias acordadas a abordar por la Mesa y como parte integrante de sus resultados, ella, en primera instancia, concordará el tenor de un proyecto de “ley corta” que tenga por objeto definir un aporte único, de carácter reparatorio, teniendo como referente las propuestas formuladas por los movilizados, en documento de 14 de mayo del presente, Considerando PRIMERO letra A por una parte, y por la otra, la propuesta  formulada  por  el  Gobierno, para todos los calificados de las Leyes Valech 19.992 y 20.405. Dicho proyecto de ley deberá ser ingresado al Congreso Nacional en un mes, contado desde la constitución de la Mesa, y gozará de urgencia   legislativa,   la   que   se mantendrá durante sus tramitación. ”(Páginas   5   y   6   del Acuerdo).

 

De este modo, el presente proyecto de ley da cumplimiento al último párrafo del Acuerdo.

 

Es relevante destacar que este proyecto está en total concordancia con el programa de Gobierno que, en lo pertinente, señala expresamente:

 

“Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias.” (Programa de Gobierno, página 165).

 

En este orden de ideas, el proyecto de ley que hoy presentamos tiene como principio fundamental profundizar en la medida de reparación individual de las víctimas de prisión política y torturas, particularmente estableciendo un aporte único, de carácter reparatorio para ellas.

 

Por todo lo anterior, en el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones jurídicas, políticas y éticas comentadas, es que he dispuesto proponer el presente proyecto de ley.

 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

 

El objetivo principal de este proyecto de ley es hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a sus derechos humanos que les afectaron y que son constitutivas de crímenes internacionales.

 

Así, con este proyecto de ley completamos un capítulo más en la reparación pecuniaria de los seres humanos que fueron víctimas de prisión política y tortura, dando un paso adelante en este difícil camino que, si bien es cierto puede no ser definitivo, mejora sustancialmente dicho aspecto. Estamos   conscientes   de   que   hemos avanzado en materia de derechos humanos, tanto  en  su  defensa  como  en  su promoción, pero todavía es posible alcanzar  mayores  niveles  de satisfacción.

 

 

IV.  CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

 

Si bien estas víctimas actualmente reciben beneficios, resulta necesario establecer, dentro de las posibilidades del Estado, un aporte único de carácter reparatorio que complemente la pensión de reparación.

 

Este aporte único consiste en una medida de reparación individual pagadera de  una  sola  vez,  correspondiente  a $1.000.000,    que    no    constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. Además, el 60%  del  valor  de  este  aporte  único

también será entregado a las cónyuges sobrevivientes  de  las  víctimas  de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política  y  Tortura,  y  la  Comisión Asesora   para   la   calificación   de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

 

En consecuencia, en orden a fortalecer las políticas de reparación y de respeto a los derechos humanos, que forman parte de las ideas matrices de este proyecto, vengo en presentar el siguiente

 

 

P R O Y E C T O D E L E Y

 

 

“Artículo Primero.- Otórgase un aporte único, de carácter reparatorio de $1.000.000 (un millón de pesos), para los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas  como  Víctimas  del  Informe  de  la  Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación   de   Detenidos   Desaparecidos,   Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

 

Si el titular estuviere fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente de los titulares calificados e incluidos en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y 20.405, respectivamente, quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior.

 

 

 

Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

 

Artículo Segundo.- El aporte a que se refiere esta ley será pagado a partir del mes subsiguiente de su publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que, teniendo alguna  de  las  calidades  especificadas  en  el  artículo primero, soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social.

 

Artículo Tercero.- El referido aporte, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

 

Artículo Cuarto.- El aporte establecido en esta ley será de cargo  fiscal  y  su pago  lo realizará el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota.

 

Artículo Quinto.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público.”.

 

Dios guarde a V.E.

 

 

 

 

 

 

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

 

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

 

 

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

 

 

 

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

 

 

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