El acotado cambio de gabinete que trasladó a Rodrigo Hinzpeter del ministerio del Interior al de Defensa tras la salida de los presidenciables, hacía pensar que el concepto restringido de orden público que imperó durante el “segundo tiempo” en La Moneda, tendería a extinguirse junto con la confianza del Presidente en quien fuera su asesor más cercano ideológicamente.

Nada más lejos de la realidad. Piñera aparecía cediendo a las presiones -incluso de su propio sector- por sacar de Interior a su polémico ministro, pero lo que en realidad estaba haciendo era salvarlo de una enésima interpelación de la Cámara de Diputados y mantener su “legado” en materia de seguridad pública.

Apenas unos días después de asumir su nuevo cargo en palacio, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, le puso suma urgencia al cuestionado proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público -más conocido como Ley Hinzpeter-, que restringe el derecho a la libertad de expresión y reunión y busca criminalizar la protesta social tipificando como delito las tomas de colegio, cortes de tránsito o sancionando criminalmente a quienes convoquen a movilizaciones que terminen en desórdenes, asignándole penas de hasta tres años de cárcel.

Lejos de agotarse con el enroque ministerial, la doctrina Hinzpeter sigue instalada en la cabeza del hombre que a pesar de sus múltiples errores en su paso por la jefatura del gabinete -nula coordinación política, aumento de la victimización, caso sobreprecios (que ya ha provocado 5 renuncias), excesiva represión policial, cuestionamiento al Poder Judicial violando la independencia de los poderes del Estado, mal manejo del proceso electoral en las municipales- sigue participando en el Comité Político, esta vez desde la cartera de Defensa.

Su poder y respaldo presidencial siguen intactos, como quedó demostrado en su airada reacción en una ceremonia de homenaje en la Escuela de Carabineros frente al “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012” de la Universidad Diego Portales, que tildó la represión a los movimientos sociales como “irracional y desproporcionada”.

Tal como si Carabineros siguiera teniendo la doble dependencia de Defensa e Interior como era antes de la creación del ministerio de Interior y Seguridad Pública, Hinzpeter no sólo se permitió recibir un reconocimiento por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando ya no era ministro del Interior, sino también se tomó la libertad de azuzar a oficiales que consideró víctimas de maltrato en las calles.

Esas mismas calles a los que los ciudadanos han visto restringido su acceso debido a la persistencia del Decreto Supremo 1086 de 1983, que reglamenta las disposiciones generales de la policía que rigen las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público.

La aplicación del Decreto 1086 el emblemático 4 de agosto del año pasado, cuando la Intendencia no autorizó una marcha estudiantil en el centro de Santiago, le valió al Estado de Chile la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violencia en las manifestaciones estudiantiles, que habrían significado detenciones y uso desproporcionado de fuerza contra centenares de estudiantes.

Asimismo, Hinzpeter intentó “acabar con la fiesta de la delincuencia” y “poner el candado a la puerta giratoria” cuestionando la labor del Ministerio Público y tensando la relación con el Poder Judicial.

En el bullado caso bombas, en que el ministerio del Interior fue parte querellante, el fallo de la Corte Suprema que absolvió a los imputados y ordenó al Fisco el pago de un millón de dólares a los ex imputados, fue leído por Hinzpeter como “la posibilidad que el sistema judicial no estuviera entregando las señales de seguridad que la gente necesita”.

El resultado de su aprehensión fue que el mismísimo Hinzpeter -y no el ministro de Justicia- impulsara una improvisada reforma a la Reforma Procesal Penal (a la que considera demasiado garantista), en su obsesión por mejorar los indicadores de seguridad ciudadana, temática especialmente sensible para la derecha más dura, a la cual intenta hacer guiños permanentemente.

Hinzpeter no sólo ha puesto en entredicho mundial al Estado de Chile por la represión de carabineros al movimiento estudiantil y ha buscado terroristas donde no los hay, sino que ha contribuido a debilitar la institucionalidad del ministerio del Interior, ahora también cuestionado por su manejo en las pasadas elecciones municipales, arrastrando en el descrédito al gobierno del Presidente al que asesora.

En definitiva, la doctrina Hinzpeter sigue peligrosamente instalada en el ministerio del Interior a pesar de la partida de su ideólogo, con el reimpulso de un proyecto de ley que no reconoce lo que los propios tribunales chilenos sí han hecho: las tomas como un legítimo derecho de manifestación, equiparable al derecho a huelga.

La vigencia de esa concepción restringida de orden público y seguridad, pone la alerta sobre los riesgos que podría implicar para la gestión democrática de las Fuerzas Armadas que ésta se logre instalar ahora en la cartera de Defensa, especialmente cuando se discute una Estrategia de Seguridad y Defensa que tendría entre sus prioridades el combate al terrorismo y que buscaría modificar las atribuciones de las FFAA para incorporarlas en materias de seguridad interna.

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