Funciona en Chile
y la financia Estados Unidos
Arnaldo Pérez Guerra
A principios de abril, la embajada de Estados Unidos -junto al ejército chileno- inauguró en el Fuerte Aguayo, de Concón, un “centro de entrenamiento”, según se dijo para personal encargado de ejecutar operaciones de “mantención de la paz” o de “estabilidad civil en zonas urbanas”. Se efectuó el Peacekeeping Operations Americas (PKO-A), ejercicio anual de las Fuerzas de Paz de la ONU que reunió delegaciones de varios países. El centro, una mini ciudad con ocho modelos de edificios, fue construido con el dinero que “donó” el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: 465.806 dólares costó esta base para Operaciones Militares en Territorios Urbanos (MOUT). Circularon fotografías, publicadas por el Comando Central de ejército norteamericano, en que aparecen carabineros chilenos de Fuerzas Especiales entrenando en ese lugar.
Alejandro Wolff, embajador de Estados Unidos, junto al contralmirante Marco Amigo, comandante del cuerpo de Infantería de Marina; el general Leonardo Martínez, director de Operaciones Internacionales del Estado Mayor Conjunto; y el coronel James Quinn, comandante del grupo militar de la embajada de Estados Unidos en Santiago, inauguraron el centro de entrenamiento para personal de operaciones de paz en zonas urbanas. “Este es el primer proyecto de su tipo que se levanta en Chile para apoyar la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”, afirma la embajada norteamericana en su página web. La estrecha relación chileno-norteamericana en materias militares y policiales la destacó el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, en su visita a Chile a fines de abril. Desde el 2002, el número de tropas latinoamericanas entrenadas en programas estadounidenses ha aumentado más del 50 por ciento. Se entrena también a policías en tácticas de infantería ligera. El Comando Sur -Southcom- tiene actualmente más personal militar en Latinoamérica que en todas las otras agencias federales y civiles juntas.
Según la web Defense Video & Imagery Distribution System (dvidshub.net), “la base será administrada por las fuerzas armadas chilenas en futuras operaciones de la ONU”. El nuevo complejo ocupa una gran extensión. El Fuerte Aguayo, de Concón, alberga al destacamento de Infantería de Marina Nº 2 “Miller”. El PKO-A se inició el 19 de marzo en una base similar en República Dominicana. La instrucción en Concón corresponde a la fase de formación de soldados de 16 países de Latinoamérica. Se usará otras cinco veces este año. Matías Rojas, periodista y editor de la web Verdad Ahora, quien ha investigado las conexiones de Estados Unidos en Chile, sostiene que “bajo la cubierta de ‘operaciones de paz’ de la ONU, la base pasará a ser administrado indirectamente por EE.UU. Según la página del Comando Sur, la instalación militar fue construida con el fin de apoyar las actividades del Centro Conjunto para Operaciones de Paz (Cecopac) y la Iniciativa de Operaciones para la Paz Mundial del Departamento de Estado (GPOI). El programa es financiado por el gobierno estadounidense a través de las PKO, que se encarga de extender el alcance de las operaciones militares de Naciones Unidas. PKO es manejada a su vez por la Dirección de Asuntos Político Militares del Departamento de Estado. En su web, admite que su función es ‘mantener el acceso global de las fuerzas militares de los Estados Unidos’”.
EE.UU. & CHILE, BUENOS AMIGOS
La prensa chilena informó -pero luego omitió- la presencia en la “instrucción” de efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, lo que causó indignación en organismos de derechos humanos y en parlamentarios. También, la apariencia de los civiles que “enfrentan” a los entrenadores: jóvenes con pañoletas palestinas o encapuchados. La capitana de Carabineros Nathalie Muñoz, aparece adiestrando a “estudiantes en tácticas policiales”, en dvidshub.net. Militares y policías reciben instrucción para escenarios de guerra urbana y operaciones de paz. El estudio Soldados en ciudades: Operaciones militares en terreno urbano, publicado por el Army War College, señala que las operaciones MOUT “se han posicionado a la vanguardia de la doctrina y la planificación militar de EE.UU.”, y pueden incluir “operaciones de estabilidad y apoyo (Saso) como intervención humanitaria y operaciones de mantenimiento de la paz, como también operaciones antiterroristas, interdicción de narcóticos y operaciones de evacuación de no combatientes”. El capitán Claudio Zanetti, director del Cecopac, afirmó: “Tenemos una relación grandiosa con Army South y esperamos trabajar y entrenar con ellos en operaciones venideras”. Sobre la instrucción agregó: “Se les entregan las conductas básicas, se les enseñan cuáles son las técnicas de negociación para poder lograr efectivamente una solución sin hacer uso de la fuerza, se les enseñan cuáles son las técnicas para construir un convoy, y así en cada una de las técnicas”.
“Es una forma encubierta de intromisión”, sostiene el diputado de Viña del Mar Rodrigo González (PPD), quien pidió una explicación del ministro de Defensa, Andrés Allamand, ante la Comisión de Defensa de la Cámara. “Acá hay un evidente intervencionismo. En los ejercicios participan efectivos de la PDI y de Carabineros. Es un estereotipo que los señuelos sean ‘encapuchados’ y sujetos con pañuelos palestinos. Me preocupa que este entrenamiento pudiera extenderse a efectivos que no sean de las fuerzas armadas. Acá hay una infraestructura que ha sido edificada con fondos norteamericanos, en un fuerte militar chileno. No es posible que nuestras fuerzas armadas estén siendo entrenadas para operar en zonas urbanas civiles”, agregó.
Para la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), la seguridad no puede reducirse a resguardar intereses de transnacionales, sus socios y el sistema económico: “El pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse, a manifestar públicamente sus planteamientos, sus demandas en pro de una sociedad con más derechos humanos. Las fuerzas armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía nacional. Por tanto, constituye una traición a la patria su subordinación a los dictámenes del ejército norteamericano, cuyas acciones devastadoras han sido padecidas por la Humanidad a lo largo de la historia de los siglos XIX, XX y los inicios del XXI y, particularmente por Chile, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que encarnó asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y torturas durante 17 años de dictadura militar”.
Para la CECT las fuerzas armadas deberían permanecer bajo tuición del poder político: “No tienen derecho a la autonomía y a la impunidad, como ha sucedido hasta ahora. Carabineros es una institución policial, cuya función es la prevención del delito. Es improcedente e ilegal que sus funcionarios reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil, como si estuvieran en una guerra contra la población a la que tienen la obligación de defender y a la que ellos pertenecen. El mismo argumento es extensivo a la PDI”. El Estado debiera respetar los tratados internacionales e incorporarlos en la legislación, “en especial la tipificación del crimen de tortura, su investigación y sanción en tanto crimen de lesa humanidad”, agrega el organismo de derechos humanos.
MILITARES NORTEAMERICANOS EN CHILE
El MOUT de Concón evidencia aún más la estrecha afinidad y relación militar entre Chile y Estados Unidos. En 2010, la visita del presidente Barack Obama significó la firma de un tratado de cooperación con la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos. En 2011, el Ministerio de Defensa firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Fraser, comandante de Southcom, que propuso la creación de “protocolos” para apoyar a países afectados por desastres naturales, proporcionándoles “asistencia militar”. En marzo, en el consejo militar del ejército participó Stephen Johnson, director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de EE.UU. Allí el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba señaló la necesidad de un análisis “relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las fuerzas armadas y el ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar… Podrían surgir nuevas responsabilidades que deberían estar claramente identificadas, comprendidas e implementadas por el ejército”. Anteriormente, el agregado chileno de Defensa, Guillermo Porcile, había visitado los cuarteles de Army South en Texas.
El acuerdo de 2011 permite el despliegue de tropas estadounidenses en suelo chileno, se dijo, ante alguna situación de emergencia o crisis que sobrepase al ejército chileno. El Pentágono había informado sobre la visita a Chile del secretario de Defensa de EE.UU., León Panetta, asegurando que en la reunión con el ministro Allamand “profundizará sobre los esfuerzos comunes para efectos humanitarios y de seguridad global”. En Washington, Andrés Allamand abogó por un “sistema regional de ayuda humanitaria y atención rápida ante emergencias y desastres naturales”. Una ocupación militar estadounidense, ante una crisis o emergencia está a la vuelta de la esquina. La visita de Panetta a Chile coincidió con la tercera fase del PKO-A. Durante la suscripción del acuerdo de cooperación con el Comando Sur -firmado por el subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta- , el general Douglas Fraser, comandante del Comando Sur y general de la fuerza aérea estadounidense, condecoró a militares chilenos por servicios prestados en Haití. El objetivo del Comando Sur es controlar la “estabilidad política de Sudamérica” por medio de la instalación de bases estratégicas y la instrucción militar de sus soldados en la ex Escuela de las Américas. El Comando Sur “protege” los intereses del gobierno de Estados Unidos implementando programas y políticas para militarizar el continente bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico, terrorismo y, hoy, a los desastres y emergencias. El último movimiento del Comando Sur fue el golpe de Estado en Honduras (2009): El presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por militares sediciosos y trasladado a la base militar estadounidense Palmerola. El hecho fue admitido por el propio comandante Fraser. Desde esa base, Washington apoyó y entrenó a los contras nicaragüenses en su "guerra" contra el Frente Sandinista.
En 2001, la Escuela de las Américas -que instruía a soldados latinoamericanos en técnicas de tortura y antisubversión, cambió su nombre a Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad (Whinsec) y sigue adoctrinando en función de los intereses de Estados Unidos. Sólo Argentina, Bolivia, Venezuela y Uruguay han cesado el envío de militares a dicha escuela. Chile ha enviado un promedio de 190 por año. Según el Equipo Latinoamericano de School of the Americas Watch (Soaw) -el observatorio de la Escuela de las Américas-, es urgente su cierre. Tampoco consideran necesario que las fuerzas armadas chilenas y menos las de Estados Unidos “ayuden” en emergencias, pues por su formación están preparadas para la guerra. "Cuando se usa a militares en conflictos internos, terminan asesinando a civiles, homicidios que quedan en la impunidad pues Estados Unidos no ha aceptado a la Corte Penal Internacional", dice la CECT.
DEBEN CERRARLO
El diputado comunista Hugo Gutiérrez exigió suspender el entrenamiento en Concón de militares, Carabineros y PDI: “No es tolerable que haya un entrenamiento para combatir a la población civil”. Gutiérrez visitó el Fuerte Aguayo junto a los diputados Sergio Aguiló y Rodrigo González. “No sé si es más grave que militares repriman población civil o que policías reciban entrenamiento militar. Las dos hipótesis son graves. Mi preocupación es que lo que están haciendo aquí es convertir al ciudadano en un enemigo, ya sea dentro de un conflicto armado de baja intensidad, conflicto armado entre países o dentro del contexto de una protesta social”, dijo. Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier (PS), cuestionó la imagen que Chile muestra al mundo tras conocerse la existencia de una base militar de EE.UU. en territorio chileno: “La comunidad internacional está señalando que Estados Unidos ha invertido en una base militar en América del Sur y en particular en Chile. Las imágenes que han circulado son de fuerzas especiales conduciendo a detenidos con capuchas. Esta situación daña gravemente al país, que el ministerio de Defensa, en un recinto que tiene como propósito la formación de fuerzas de paz multinacionales, esté haciendo eso sin informar al Congreso, con inversiones de un país extranjero, sin ninguna ley y sin consulta, daña gravemente los intereses permanentes de Chile”, dijo.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), también rechazó el centro militar: “Demuestra la política intervencionista e imperialista de Estados Unidos, que viene desde la Escuela de las Américas. Lo denunciamos y condenamos. Hoy vivimos tiempos de paz y sabemos que cuando Estados Unidos interviene con estas prácticas militaristas e invasoras hay que preocuparse… El golpe del 73 fue impulsado desde Estados Unidos. Con otras formas, continúan haciéndolo, tal como ocurrió en Honduras. Chile no puede convertirse en una nueva Colombia”. Para Hugo Gutiérrez la forma en la que “han disuadido injustamente a los movimientos sociales tiene su explicación en este centro de entrenamiento. Ahora, así lo creo”. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara resolvió citar al ministro Allamand. “No vi a nadie que estuviese ayudando a civiles en situaciones de conflictividad natural o a personas que requieren cierto socorro. Lo que estaban haciendo era atacar casas de ciudadanos y creo que eso es peligroso”, dice el abogado Gutiérrez, integrante de dicha Comisión. “Los entrenamientos son preocupantes y deben suspenderse porque el día de mañana se puede transformar en una Escuela de las Américas donde se entrene a militares y policías para disuadir al movimiento social, para reprimir las manifestaciones y justas reivindicaciones. Esto a la postre transformará al ciudadano en un enemigo y eso no es lo que queremos ni para Chile ni para ningún país latinoamericano. Es inaceptable que nuestros militares reciban entrenamiento norteamericano para que vayan a atacar a población civil de otros países, bajo cualquier contexto esto no puede ser permitido”, agrega.
Para el diputado Aguiló, “el actual escenario de protestas y la forma con que la policía enfrenta las manifestaciones da para sospechar en un lugar de entrenamiento en convenio con los norteamericanos… y ocurre este entrenamiento que simula barrios de una población. Permítanos tener una extrema preocupación de que este entrenamiento pueda tener como objeto enfrentar, desde una manera radicalmente distinta a como ha ocurrido hasta ahora y mucha más violenta, las protestas ciudadanas. Si es una coincidencia, es de las peores. ¿Quién garantiza que nunca se ocupará si había dos oficiales de Carabineros y dos de la PDI? ¿Quién garantiza que en otras ciudades de América este entrenamiento no sirva para acompañar a los norteamericanos? Que mala compañía sería la que nosotros podríamos brindar a los norteamericanos invadiendo alguna ciudad de algún país latinoamericano o del mundo